Alianza del Pacífico

Condiciones migratorias laborales y de seguridad social

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La Alianza del Pacífico (AP) nació el 28 de abril de 2011, se formalizó el 6 de junio de 2012 y entró en vigor en julio de 2015. En esta se prevé la integración política, económica, social y cultural de los cuatro países parte: Chile, Colombia, México y Perú para lo cual, se deben establecer compromisos efectivos de acción conjunta que mejoren el bienestar y los niveles de vida de sus habitantes y promuevan el desarrollo sostenible en sus respectivos territorios En la medida que la Alianza se ha considerado como una forma de nuevo regionalismo en la que se retoma el proceso de integración comercial en la región, que se había dejado de lado desde el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que plantea dentro de sus objetivos la libre circulación de las personas, es necesario que este tipo de acuerdos vayan acompañados de procesos migratorios regulados que den seguridad jurídica, garanticen derechos y faciliten el cumplimiento de los mismos. Por lo general, este tipo de acuerdos comerciales son lacónicos al momento de regular los temas migratorios, más aún si se trata de migración laboral, y la Alianza del Pacífico no es la excepción. En ese sentido, se formuló y llevó a cabo una investigación con miras a resolver el problema ¿cómo deben trabajar los países latinoamericanos de la AP para garantizar la libre circulación de trabajadores dentro de sus territorios y la protección de sus derechos laborales y de seguridad social en los países de acogida? Para ello, se conformó un equipo académico de docentes de las Universidades de Chile, Externado de Colombia, Autónoma del Estado de Morelos y Pontificia Católica del Perú para abordar, desde la legislación y políticas públicas de cada país, el estudio de los aspectos migratorios laborales y de seguridad social actuales y llegar a una propuesta de insumos para una política migratoria laboral para los países de la Alianza, que garantice a los migrantes de la región sus derechos laborales y de seguridad social y paralelo a ello, se logre esa libre circulación de la que habla el Acuerdo.

The Pacific Alliance (PA) was born on April 28, 2011, was formalized on June 6, 2012, and entered into force in July 2015. This foresees the political, economic, social, and cultural integration of the four member countries: Chile, Colombia, Mexico, and Peru, for which effective commitments of joint action must be established to improve the well-being and living standards of their inhabitants and promote sustainable development in their respective territories. As the Alliance has been considered a form of new regionalism that resumes the commercial integration process in the region, which had been set aside since the Free Trade Area of the Americas (FTAA), and that includes among its objectives the free movement of people, it is necessary for these types of agreements to be accompanied by regulated migratory processes that provide legal security, guarantee rights, and facilitate compliance with them. Generally, these types of trade agreements are brief when it comes to regulating migration issues, even more so when it comes to labor migration, and the Pacific Alliance is no exception. In this sense, an investigation was formulated and carried out to address the question of how the Latin American countries of the PA should work to guarantee the free movement of workers within their territories and the protection of their labor and social security rights in host countries. For this purpose, an academic team of professors from the Universities of Chile, Externado of Colombia, Autonomous of the State of Morelos, and Pontifical Catholic University of Peru was formed to address, from the legislation and public policies of each country, the study of current labor migration and social security aspects and to arrive at a proposal of inputs for a labor migration policy for the Alliance countries, guaranteeing the labor and social security rights of migrants in the region, and at the same time achieving the free movement mentioned in the Agreement.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

ALIANZA DEL PACÍFICO COMO UN NUEVO REGIONALISMO

CAPÍTULO 2

POLÍTICA MIGRATORIA DE CHILE

CAPÍTULO 3

POLÍTICA MIGRATORIA DE COLOMBIA

CAPÍTULO 4

POLÍTICAS NACIONALES MIGRATORIAS EN MÉXICO

CAPÍTULO 5

POLÍTICAS NACIONALES MIGRATORIAS EN PERÚ

CAPÍTULO 6

INFORMACIÓN CONSOLIDADA Y COMPARADA SOBRE LA MIGRACIÓN EN LOS PAÍSES DE LA AP

CAPÍTULO 7

INSUMOS PARA UNA POLITICA MIGRATORIA LABORAL

                                

BIBLIOGRAFÍA


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LAW013000 LEY > Derechos civiles
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  1. Nombre
    • Katerine Bermúdez Alarcón


    • Abogada. Doctora en Derecho, magíster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social, especialista en Derecho del Trabajo, diplomada en Seguridad Social y Análisis Económico del Derecho. Es profesora de cátedra y seminarios en la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales y de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha publicado diversos artículos en revistas, capítulos de libro e investigaciones sobre temas de derecho laboral. En la actualidad se desempeña como directora del Departamento de Derecho Laboral y de Seguridad Social.

  2. Gabriela Mendizábal Bermúdez
    • Gabriela Mendizábal Bermúdez


    • Gabriela Mendizábal Bermúdez es seguróloga social, originaria de la Ciudad de México, su mayor pasión son sus dos hijos: Aimée y Giuseppe y está casada desde hace un cuarto de siglo con su mejor amigo: Bernhard Stuflesser.Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vivió 6 años en Viena, Austria, donde obtuvo el grado de Doctora en Derecho por la Universidad de Viena (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien). También es postgraduada en Globalización y Estado Social, por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Fue la primera Profesora-Investigadora de Tiempo Completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), puesto que ocupa desde 2001. Secretaria Académica (2008-2009) y directora interina de la misma Facultad (2009-2010).Realiza habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica desde hace 20 años y por lo mismo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT de forma ininterrumpida desde hace 18 y actualmente nivel II. Destaca de su investigación la visibilización de la discriminación social y jurídica en el acceso a la seguridad social como derecho humano de diversos grupos sociales (mujeres, homosexuales, adultos mayores, trabajadores informales, migrantes, etc.) Así como su esfuerzo por generar doctrina y en especial estudios de Derecho Comparado que propongan alternativas creativas de solución a la problemática a nivel nacional.


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